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Familia y Derechos Humanos
La constitución de 1991 incorpora una mirada renovada y solidaria de la sociedad, en la cual la familia deja de ser la unidad doméstica, expresión por excelencia del espacio privado e inviolable regido por la autoridad del padre, para transformarse en el núcleo fundamental de la vida colectiva, y en espacio donde se inicia el ejercicio de los valores democráticos.
El Estado y la sociedad deben prestar protección integral a la familia; pero al mismo tiempo las relaciones familiares deben fundarse en la igualdad de los derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco de todos sus integrantes, Desde esta visión, la familia constituye un espacio de integración entre lo público y lo privado, donde el respeto a la intimidad está limitado a que sus relaciones se desenvuelvan dentro de una lógica de respeto a lo derechos humanos y a la dignidad de la persona.

La violencia diaria ejercida contra los niños y niñas y las mujeres en Colombia, y contra cualquier persona del núcleo familiar, constituye una violación a los derechos humanos. La violencia intrafamiliar va en contra del respeto a la dignidad humana, valor sobre el cual está fundado nuestro Estado social de Derecho, y desconoce derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad. Por estas razones es deber del Estado intervenir en las relaciones familiares, no con el propósito de imponer un modelo determinado de comportamiento, sino para impedir cualquier violación de los derechos fundamentales de las personas.

Durante los últimos quince años a través de estudios e investigaciones, de los desarrollos legales y jurisprudenciales, así como de las acciones tanto estatales como de organizaciones no gubernamentales, se ha hecho visible un problema que antes permanecía en el ámbito privado.

Legislación vigente

La ley 294 de 1996 por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política, reformada parcialmente por la Ley 575 de 2000, constituye un esfuerzo importante para abordar la violencia intrafamiliar desde una perspectiva integral, acorde con las transformaciones que ha experimentado la institución familiar.

La legislación vigente contempla una serie de medidas de protección impuestas por el Comisario de Familia o el Juez Civil Municipal, dirigidas en su mayoría a poner distancia entre la victima y su agresor, con el fin de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las personas que están siendo víctimas de violencia en su núcleo familiar.

Sin desconocer la importancia de la armonía y unidad como valores esenciales de la familia, en el caso de la violencia intrafamiliar es fundamental establecer prioridades cuando se trata de la protección de los derechos. En esta tarea, la primera acción del Estado debe ser proteger los derechos y libertades de cada una de las personas que integran la familia, por que sin esta garantía no es posible que existan unidad y armonía al interior del núcleo familiar.

Vale la pena agregar que sólo una de las medidas mencionadas se ocupa de la reeducación del agresor, aspecto que debe merecer mayor atención porque resulta fundamental para erradicar las causas culturales que conducen a la violencia y que constituyen una barrera para la construcción de acuerdos orientados a mejorar las relaciones al interior de la familia y superar o transformar el conflicto.


Tomado de la revista Observatorio de Asuntos de Género.
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